EN CHÍA INICIA la socialización de la actualización catastral multipropósito

Fuente: Revista Semana De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la norma vigente dicta que la actualización catastral se...

Fuente: Revista Semana

• De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la norma vigente dicta que la actualización catastral se hace cada 5 años. No obstante, con la eventual implementación del denominado catastro multipropósito, dicho proceso variará, con la metodología conocida como barrido predial.

Existen varias formas de actualizar la información, pues se puede hacer por medio de los procesos catastrales de actualización o de conservación catastral, o solicitándolo directamente, siendo propietario, ante las oficinas del Igac, presentando los documentos requeridos para adelantar los trámites.

Esta actualización, de acuerdo con la regla, se debe hacer visitando todos los predios, aunque dentro de la planeación y el alistamiento de la actualización, pueden considerarse únicamente aquellos sectores que han tenido considerable variación inmobiliaria, es la denominada actualización permanente.

Y es importante tener en cuenta que el incremento del avalúo no es igual al incremento del predial, puesto que el primero depende de procesos catastrales o del reajuste anual que hace el Gobierno nacional con base en el IPC o índice de precios y el predial es el resultado de la aplicación de tarifas a la base gravable.

Así mismo, de acuerdo con el DNP, este proceso consiste “en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, revisando los elementos físicos y jurídicos del catastro y eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”.

• Vale la pena recordar que a finales de 2021, Olga Lucía López, exdirectora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en entrevista con SEMANA sobre el balance de su gestión en la entidad, destacó que al término de este año el 60 % del país tendrá el catastro actualizado.

López explicó las consecuencias que puede tener el país de no actualizar el catastro:

1. La falta de información para la toma de decisiones. El catastro no sirve solo para cobrar impuestos y hoy en día tiene unas funciones más relevantes. Un territorio sin actualización catastral no puede ser administrado eficientemente, ya que no cuenta con un censo básico de los predios que lo conforman. En la eventualidad de una emergencia, no podrá diseñar rápidamente estrategias de mitigación de riesgo y estará a merced de medidas reactivas. Un territorio no actualizado no mantiene una cartografía básica que le permita desarrollar un plan de ordenamiento territorial, un plan de acceso a servicios públicos eficiente, un esquema de atención de desastres, un mapa básico de poblaciones vulnerables, entre otros importantes aspectos.

2. Tiene que ver con las inequidades generadas por procesos de desactualización dispersos. En un municipio actualizado, el valor catastral de cada predio responde a criterios recientes del mercado, mientras que en un municipio desactualizado el valor catastral de los predios seguramente dista mucho de su valor comercial. Así, dos predios que cuesten $100 podrían estar valorados, el primero en $80 en un municipio recientemente actualizado y en $30 en un municipio desactualizado. Este tipo de diferencias generan fuertes inequidades en el cobro de impuesto como el predial o el de renta o patrimonio y puede, en últimas, deformar gravemente el mercado inmobiliario.

Resaltó también que mientras estuvo a la cabeza del Igac, se diseñaron los lineamientos técnicos para permitir a los gestores catastrales y a la propia institución desarrollar procesos de actualización catastral que no estuvieran atados a procesos engorrosos y métodos obsoletos.

• Se introdujo además la posibilidad de innovar en nuevas metodologías de captura de información, de valoración catastral de predios, de recolección de datos geográficos, etc. Para ello se generó un marco normativo nuevo que dé mayor flexibilidad a los procesos.

“Por otro lado, descentralizamos la función catastral, permitiendo que otros actores públicos locales, distintos al Igac pudieran desarrollar el proceso de actualización. Dejamos habilitados a 31 gestores, entre alcaldías, departamentos, esquemas asociativos, entre otros, sobrepasando la meta del Gobierno nacional de 20 habilitados a 2022. En la práctica, un municipio no tendrá que esperar hasta que el Igac lo incluya en una larga lista de espera hasta que pueda completar los procesos administrativos, logísticos y financieros necesarios para realizar el inventario de sus bienes. Este es un avance enorme que permite descongestionar el ejercicio técnico y dotar a las regiones del conocimiento necesario para crear catastros independientes”, puntualizó.